Hacia la norma del español moderno. La labor reguladora de la Real Academia Española

Dolores Azorín Fernández

Por lo que se refiere al marco político y sociocultural, el siglo XVIII traerá consigo importantes transformaciones. Una de ellas es el cambio dinástico: después de la muerte sin descendencia de Carlos II, tras la Guerra de Sucesión, accede al trono Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, que reinará como Felipe V. Con él se inaugura la dinastía de Borbón que introducirá en el país una forma de gobernar marcadamente centralizadora. España intenta abrirse a las corrientes de progreso y modernización que llegan de Europa, de Francia especialmente; y, aunque los avances se hicieron patentes en todos los órdenes de la vida social y cultural de la nación, el sentimiento de decadencia ante la definitiva pérdida de la importancia de España en el nuevo orden europeo surgido de la paz de Utrecht, impregna el discurrir de esta centuria.

No obstante, de forma paralela a la asunción de la decadencia de España como potencia mundial, va tomando cuerpo una corriente de pensamiento que cree posible la regeneración del país. La lucha contra el oscurantismo y la ignorancia, verdaderas lacras de la sociedad española de principios de siglo, será el principal objetivo de nuestros ilustrados, desde la labor pionera del padre Feijóo pasando por el ideario reformista de figuras como Campomanes o Jovellanos, la educación va a ser considerada como la piedra angular del progreso; la educación y la difusión del saber, sobre todo, de los saberes que tienen como fin último contribuir al fomento de la riqueza de la nación y a la mejora de su tejido productivo. Por consiguiente, las ciencias útiles se verán impulsadas por el Estado y desde instituciones patrióticas como las Sociedades Económicas de Amigos del País o las Juntas de Comercio, que no solo se preocuparon de difundir el conocimiento a través de la publicación y traducción de obras de contenido técnico, sino también de la creación de escuelas para la educación primaria y de centros de formación profesional para la juventud: el Instituto Asturiano, patrocinado por Jovellanos, constituye un ejemplo señero de lo que debían de ser estos establecimientos educativos.

En el campo de las bellas artes, el influjo centralizador ejercido por la Real Academia de San Fernando hará que se extiendan por todo el país los estilos arquitectónicos y las tendencias y modas que imperan en la corte. El neoclasicismo va ganando terreno, aunque los estilos locales no desaparecen por completo del panorama nacional.

La tendencia a la uniformidad, auspiciada desde el poder central, alcanza también a la lengua y a sus manifestaciones literarias. En el proceso de regulación del idioma va a ejercer un papel determinante la Real Academia Española, cuya labor se extenderá también a velar por la pureza del estilo, según las directrices de sobriedad, precisión y claridad que afectan sobre todo al cultivo de la prosa. A partir de la publicación de la Poética de Luzán (1737), la preceptiva neoclásica se abrirá camino en todos los géneros, si bien el peso de la tradición literaria de los Siglos de Oro, continúa estando presente. Los preceptos aristotélicos y horacianos, tamizados por el clasicismo francés, se imponen también en el teatro y en la poesía. Se acatan las tres unidades (acción, tiempo y lugar) para las piezas dramáticas y en la poesía la expresión solemne y desembarazada del artificio excesivo del verso de la escuela gongorina. En todos los géneros se tiende, siguiendo a Horacio, a hacer compatibles el entretenimiento y la utilidad. El «enseñar deleitando» se convierte en divisa de los literatos de este siglo, imbuidos del espíritu didáctico que caracteriza a la corriente ilustrada que lo atraviesa.

El Siglo de las luces será también, en consecuencia, el siglo de la erudición. En este periodo se gesta un importante corpus de estudios que versan, entre otros tenores, sobre la lengua y la literatura castellanas. Quizás una de las figuras más representativas de esta corriente erudita sea Gregorio Mayáns, polígrafo infatigable, que dedicó buena parte de su producción a la recopilación y al estudio crítico de nuestra tradición literaria y filológica, continuando, en este sentido, la labor iniciada en el siglo anterior por otros estudiosos como Nicolás Antonio. Entre sus obras destaca Orígenes de la lengua española (1737), donde se edita por primera vez el Diálogo de la lengua de Juan de Valdés, junto a textos señeros de la historia de la filología española, pertenecientes a Nebrija, Villena, Aldrete, etc. o su Retórica (1757) donde logró reunir una importante antología de la prosa castellana. En la misma línea que Mayáns, en busca de modelos de buen estilo, años más tarde, Antonio Capmany publica su Teatro historicocrítico de la elocuencia (1786-1794) y vuelve de nuevo sobre la historia del español con Del origen y formación de la lengua castellana (1786). Al interés por la recuperación de los monumentos literarios de nuestra lengua se debe también la Colección de poesías anteriores al siglo XV (1779) de Tomás Antonio Sánchez, que recoge por primera vez obras tan significativas como el Cantar de Mio Cid o el Alexandre.

Con el siglo XVIII concluyen los grandes procesos históricos constitutivos de la lengua española y entramos en el español moderno, en una lengua que ha alcanzado su estabilidad. Estabilidad en lo que se refiere a su difusión geográfica, ya que el español no ha adquirido nuevos territorios para su expansión y sí ha consolidado su asentamiento en los que ya poseía, especialmente en el continente americano. Estabilidad interna también, pues la estructura de la lengua no ha variado desde entonces: ni en el plano fónico ni en el morfosintáctico. Tampoco el vocabulario básico ha sufrido grandes cambios, salvo los que se han producido en el llamado «léxico de civilización» y en el de especialidad que, como era lógico esperar, han aumentado considerablemente.

Durante el periodo áureo, camino de convertirse en lengua común, el idioma había adquirido un alto grado de fijeza. Sin embargo, como afirma Lapesa (1980: 419): «los preceptos gramaticales habían tenido escasa influencia reguladora». Con la llegada del siglo XVIII, la situación va a cambiar de manera significativa. Así, junto al peso de la literatura anterior que va perfilando un modelo de prestigio para la expresión escrita, el espíritu racionalista que caracteriza a este periodo proveerá los instrumentos necesarios para que se lleve a cabo el proceso de estabilización «emprendido por la lengua literaria desde Alfonso el Sabio» (Ibid.).

La fundación de la Real Academia en 1713 supone el primer paso en firme en esa dirección que pronto daría su fruto con la salida a la luz del Diccionario de Autoridades (1726-1739), uno de los mejores representantes del género monolingüe de su época, el primer y más firme puntal de que dispondría la Academia para cimentar su futura labor reguladora.

No es casual que la primera tarea que se impone la RAE sea la de redactar un diccionario de la lengua española, copioso y exacto. La empresa del diccionario, comparada con las otras dos obras normativas del periodo fundacional: la ortografía y la gramática era, sin duda, más costosa en tiempo y en recursos materiales y humanos, pero también era el mejor procedimiento para que «se viesse la grandeza y poder de la Lengua, la hermosura y fecundidad de sus voces, y que ninguna otra la excede en elegancia, phrases y pureza», como manifiestan los académicos al comienzo del «Prólogo» de Autoridades.

Aunque la necesidad de elaborar el diccionario constituye el impulso inicial para la fundación de la Academia, sería ingenuo no pensar que tras ello se esconden razones de mayor calado filológico y sociocultural. Así, se ha dicho la Academia Española se fundó para luchar contra las aberraciones del Barroco tardío y para frenar la desintegración del idioma provocada por la entrada masiva de galicismos, pero siguiendo la opinión de Lázaro Carreter (1980), para los fundadores de la Academia, el móvil inmediato fue el impulso patriótico de restablecer el honor nacional, exhibiendo la belleza, perfección y abundancia de la lengua castellana, a través del instrumento que consideraron más idóneo. El diccionario fue, pues, ese «inventario fidedigno, como el que ya tenían otros idiomas» capaz de «restablecer el prestigio exterior del castellano».

La decisión de constituirse en academia del pequeño grupo de eruditos que acudían a la tertulia del que fue su primer director, D. Juan Manuel Fernández Pacheco, Marqués de Villena, hay que relacionarla, también, con el clima de renovación intelectual que había empezado a fraguarse en España a finales del siglo XVII. La Academia surgiría, pues, en este contexto asumiendo, además, la herencia de toda una serie de tradiciones filológicas que tienen como meta el cuidado del idioma. Para D. Fries (1989), las más significativas de estas tradiciones eran:

• La idea de que las lenguas se desarrollan de manera semejante a los organismos vivos.
• La idea, asociada a la anterior, de poder estabilizar la lengua materna (siguiendo el modelo de las lenguas clásicas) en el punto considerado culminante de su desarrollo mediante una codificación, para poder perpetuarla de este modo por encima de toda posible degeneración.
• La tradición de la «competición lingüística internacional».
• La tradición de un cuidado de la lengua institucionalizado.

De todas estas tradiciones, la más persistente, sin duda, es la idea de que las lenguas, al alcanzar su plenitud, deben ser fijadas para detener su inevitable decadencia y extinción. De manera que, todo el programa de actuaciones que la Academia Española prevé, en esta primera etapa, obedece a la poderosa motivación de conservar la lengua en el estado de esplendor de que goza en ese momento, después de dos siglos de intenso cultivo literario. Ese programa se inicia, como ya sabemos, con la redacción del Diccionario.

El Diccionario de Autoridades (1726-1739) es la primera obra que lleva a cabo la RAE y donde ya aparece plasmado el concepto de norma que va a defender la docta institución. Así, por ejemplo, a la hora de llevar a cabo la selección del léxico, la Academia utiliza un criterio menos restrictivo y, por tanto, más abarcador que el que habían mantenido sus homólogas europeas más cercanas: la Academia della Crusca y l'Académie Française.

Tan sólo se señalan dos tipos de restricciones: los nombres propios y las voces malsonantes. Sin embargo, hay que decir que, en general, pesó más el afán descriptivo y el respeto a las fuentes documentales que los «buenos propósitos» de la Corporación de prescindir del léxico sospechoso de ofender a la moral o de atentar contra el concepto de «buen gusto» imperante en la época; de ahí que estas restricciones no afectaran, en general, a la rica variedad de expresiones y frases coloquiales de origen vulgar, e incluso, a muchas voces que designaban objetos o acciones que podían violentar el pudor de los hablantes más sensibles. Pero, quizás sea en el tratamiento que la Academia dispensó a los dialectalismos y tecnicismos donde mejor se perciba la perspectiva abarcadora, y escasamente restrictiva en la interpretación de la norma culta que presidió la selección del léxico de Autoridades.

La decisión de incluir las voces «provinciales» o dialectales, es, para muchos autores, la mayor novedad y originalidad que ofrece este diccionario frente a sus confesados modelos, los diccionarios de La Crusca florentina y el de la Academia francesa que no admitían este tipo de palabras en su concepto de norma. Lo mismo se puede decir de los vocablos de extracción científica y técnica, muy presentes en nuestro primer diccionario académico. El elenco de voces que, finalmente, introdujo la Academia en su primer diccionario se aparta de la línea mostrada por sus modelos extranjeros en el mayor peso específico que se otorga a ciertos subconjuntos de voces (como las provinciales, las técnicas, las de uso familiar, etc.) que, desde una interpretación más restringida del concepto de norma culta, no tendrían cabida en un diccionario académico. De ahí que nuestro Diccionario de Autoridades, en este aspecto concreto, sea un espécimen atípico en la lexicografía europea de corte académico, como lo fue -y es todavía- su heredero, el DRAE.

Tras el gran esfuerzo que supuso la redacción del diccionario, la Academia hubo de diversificar su trabajo para sacar a flote otros proyectos de carácter normativo. En los Estatutos de 1715 se mencionan «una Gramática y una Poética Españolas, e Historia de la Lengua, por la falta que hacen en España». Sin embargo, será la cuestión ortográfica la siguiente tarea que va a centrar la atención de los académicos.

La RAE se había ocupado del problema de la regulación de la ortografía desde el momento en que se inician los trabajos del diccionario, pero el resultado de esta primera incursión en la materia, tal como había quedado plasmado en las normas de 1726 que figuraron impresas en uno de los prólogos del Diccionario de Autoridades, el llamado «Discurso proemial de la orthographia castellana», no satisfizo por completo a la Corporación. De manera que, en 1741, aparece, como publicación exenta, la primera Ortografía de la RAE. En ella la Academia se muestra todavía muy dependiente del criterio etimológico a la hora de regular el empleo de las grafías, aunque, poco a poco, en las sucesivas ediciones (1754, 1763, etc.) se fueron simplificando las normas hasta llegar a la de 1815 en que la ortografía académica alcanza prácticamente el estadio que tiene ahora (con algunos cambios posteriores que afectan sólo a la acentuación). Así:

• En 1726:
  • Se suprime la <ç>.
  • Se fijan <v> para la consonante y <u> para la vocal.
  • Mantenimiento de <b> y <v> según la etimología (aun reconociendo que no hay diferencias de pronunciación).
  • Supresión de consonantes geminadas <pp>, <tt>, <ff>, <mm> (ésta sustituida en 1763 por <nm>, <ss> (sustituida por <s> en 1763>.
  • Mantenimiento de grupos consonánticos como <bs>, <ct>, etc.

  

• En 1754:
  • Desaparece <y> etimológica de los helenismos: pyra.
• En 1779:
  • Se suprimen los dígrafos etimológicos en las voces de procedencia griega: theatro, orthographia, mechánica, rethórica, etc. que servían para transcribir las consonantes aspiradas del griego. Sólo se conserva christo y sus derivados y la <ph> no acaba de desaparecer hasta 1803 en la 4.ª ed. del DRAE.
• En 1815:
  • Se establece la distribución actual de las cinco vocales con las grafía <c> y <qu> con valor de /k/.
  • Se suprime la <x> con valor de /X/, manteniendo para representar este fonema <j> y <g> apelando a la etimología.
  • Se fijan los usos de <i> e <y> tal como hoy se utilizan en español moderno, suprimiendo <y> en los diptongos en interior de palabra y conservándola en final: reino, rey.
• Otras reformas han afectado a la acentuación: desde 1770 se suprime el acento grave <`> y sólo queda el agudo <´> como en la actualidad.
• En 1754 la Academia concede el estatuto de letras del alfabeto a los dígrafos <ch> y <ll>, pero no sin cierta polémica, tras el Congreso de Academias de la Lengua Española de 1993, se volvió al orden alfabético internacional, considerando a <ch> y <ll> como combinaciones de dos letras, con las consecuencias que ello conlleva en la ordenación alfabética.
• La Academia, siguiendo la norma de la pronunciación, acepta la simplificación de ciertos grupos consonánticos: sustancia, trasladar, pero sigue manteniendo otras (oclusivas en posición implosiva) frente a la tendencia a la sílaba abierta que ha caracterizado la evolución del español. Este rasgo es uno de los que caracterizan la pronunciación y escritura cultas del español moderno: concepto, optativo, absoluto y no conceto, otativo, asoluto.

La ortografía del español actual es una de las más sencillas de entre todas las de occidente y hoy cuenta con una valiosísima uniformidad en todos los países de habla hispana, que hacen de ella uno de los baluartes más firmes de la unidad del español.

La Gramática de la lengua castellana, publicada en 1771, constituye el tercer gran logro de la Academia. Con ella se cierran las actuaciones que la docta institución emprendió en materia de regulación idiomática en su primera etapa. En ésta, como en las restantes hasta llegar a la última de 1931, la Academia se ha movido en la línea normativa que le es propia, pero a diferencia de las ediciones que vendrían después, la Gramática de 1771 constituye todo un alarde de equilibrio entre las dos líneas que van a polarizar las ideas gramaticales del Siglo de las Luces: nos referimos a la gramática concebida como arte y a la gramática concebida como ciencia. Como afirma R. Sarmiento (1984) la Academia, al haber definido previamente en el Diccionario la voz ciencia como «el conocimiento cierto de alguna cosa por sus causas y principios» y arte como «la facultad de prescribe reglas y preceptos para hacer rectamente las cosas», dejaba zanjada la cuestión de la naturaleza de la gramática. La gramática no podía ser considerada como ciencia, pues su objeto es la regulación del uso y éste es siempre variable y contingente. La gramática se definía como «arte de hablar bien» y quedaba dividida en dos partes «la primera trata del número, propiedad y oficio de las palabras: la segunda del orden y concierto que deben tener entre sí para expresar con claridad los pensamientos». La utilidad de la Gramática es, pues, doble ya que nos permite «hablar con propiedad, exactitud y pureza» -éste será su cometido práctico- y al mismo tiempo nos revela «con principios y fundamentos... comunes a todas las lenguas» en qué se fundamenta esa práctica desde el punto de vista racional.

En 1780, esta primera gramática fue declarada por Carlos III libro de texto oficial para la enseñanza del español en las escuelas. Desde 1931 la Academia no ha vuelto a publicar otra gramática oficial; aunque, el Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, desde 1973, ha venido funcionando como anticipo de ese definitivo texto gramatical con el que se espera que la RAE culmine su labor normativa, partiendo de los planteamientos teóricos y descriptivos de la lingüística actual y con la orientación panhispánica que la Corporación ha venido imprimiendo de un tiempo a esta parte a todos sus proyectos.

En el siglo XVIII queda configurado el español moderno. Una lengua llamada a ser el instrumento de comunicación de un conjunto de naciones que en los últimos siglos no han estado en primera línea ni en lo político ni en el desarrollo científico y tecnológico. La necesidad de adaptar términos y contenidos nacidos en otros entornos lingüísticos comienza a hacerse patente entre las élites hispanohablantes de esta centuria presidida por el gran despliegue que alcanzan todas las ramas del saber.. Quizás el mayor logro del siglo ilustrado, en cuanto a la historia de la lengua se refiere, lo constituya la intuición certera de aquellos infatigables intelectuales que comprendieron la necesidad de dotar a la lengua castellana de los recursos necesarios que hicieran posible la expresión del conocimiento en todas sus manifestaciones, cifrando en esta empresa una de las claves del futuro progreso de la nación. De todo ello queda cumplida constancia en el léxico atesorado en esta época donde, como bien afirma el maestro Lapesa (1999: 429):

Procedentes de Las ciencias positivas introducen en este siglo y en el siguiente numerosos términos como: mechánica, mechanismo, hidrostática, hidrometría, termómetro, barómetro, máquina pneumática, aerostática, electrizar, electricidad, microscopio, telescopio, mucosa, papila, retina, inoculación, vacuna, etc. (Lapesa, 1999: 430 y sigs.).

En el siglo ilustrado saldría también la luz una de las obras lexicográficas más significativas de nuestra tradición diccionarística, nos referimos al Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes (1786-93) del jesuita Esteban de Terreros y Pando, donde por primera vez en la historia de la filología española se considera que las palabras provenientes de los ámbitos especializados -que hoy llamamos «tecnicismos», «voces de especialidad» o «términos»- forman parte de la lengua culta y, por consiguiente, deben ser recogidos y descritos en el diccionario. Muchos de los tecnicismos que Terreros introdujo en su diccionario eran adaptaciones del francés, fruto de la traducción de obras especializadas escritas en la lengua del país vecino o vertidas primeramente en ésta. El gran mérito de Terreros como lexicógrafo radica en haber sido el primero que, de manera razonada, instituye al tecnicismo como parte consustancial de la lengua culta, reconociendo su importancia como vehículo transmisor del conocimiento y, por tanto, síntoma del progreso material e intelectual de la comunidad lingüística que se expresa en esa lengua.

Terreros es consciente de la necesidad de disponer de diccionarios que atesoren el creciente caudal de tecnicismos que, como fruto de los descubrimientos científicos, había comenzado a difundirse, camino de su progresiva internacionalización (Azorín Fernández & Santamaría Pérez: 2005). Este hecho, unido a la aureola de prestigio que adquieren las disciplinas científico-técnicas, explicaría el ascenso a la esfera del léxico culto que experimentan las voces de especialidad en su Diccionario. Aunque, el argumento de mayor peso a la hora de justificar la abierta decantación del erudito jesuita hacia la integración de los tecnicismos como «parte esencial» de su concepto de «lengua culta» habría que buscarlo en la decantada propensión didáctica y divulgadora del conocimiento que informa su labor como lexicógrafo. El ejemplo de Terreros calaría en la centuria siguiente entre los lexicógrafos de la corriente no académica, que hicieron de su abierta postura ante la recepción de los neologismos procedentes de los ámbitos especializados una de sus señas identificadoras frente al conservadurismo de la Real Academia.

Podemos concluir recordando que el resultado final de la intensa actividad de creación y adaptación neológica que tiene lugar en el siglo XVIII sería la inevitable modernización del español que vio ensanchar, sobre todo a partir de su segunda mitad, sus posibilidades como lengua de cultura.

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Azorín Fernández, D. & M. I. Santamaría Pérez (2004): «El Diccionario de Autoridades (1726-1729) y el Diccionario castellano (1786-1793) de Terreros y Pando ante la recepción de las voces de especialidad», Revista de Investigación Lingüística, VII, pp. 49-70.

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Terrreros y Pando, E. (1786-1793): Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes, 4 vols., Imprenta de la Viuda de Ibarra, Madrid (ed. facsímil y estudio preliminar de M. Alvar Ezquerra, Madrid, Arco/Libros, 1987).