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Sobre la traslación de Guayaquil del sitio de ciudad vieja a ciudad nueva existen varios documentos. Cartas y expedientes de personas seculares del distrito de la Audiencia de Quito vistos en el Real Consejo de Indias. Años de 1681 a 1699. (Archivo de Indias en Sevilla. Audiencia de Quito. Simancas. Secular).
Cuarenta y ocho vecinos pidieron la traslación de la ciudad; doscientos cincuenta y nueve se opusieron a ella. Fue comisionado para inspeccionar personalmente el sitio el doctor don Cristóbal de Cevallos y Borja, oidor de Quito, e informó que convenía la traslación.
En 1682, don Luis Osorio Venegas, ingeniero mayor, a quien se le mandó examinar los puertos del Pacífico, declaró que el de Guayaquil era bien situado y que podía ser defendido fácilmente. Se nos preguntará, tal vez, ¿por qué se opuso el Gobierno a que Guayaquil continuara en el sitio de ciudad vieja? En la narración lo hemos insinuado ya; se proyectó rodear a la ciudad de un muro de cal y ladrillo para ponerla, de esa manera, en condiciones más ventajosas para la defensa.
Respecto de la invasión existen los documentos siguientes:
WOODES ROGERS, Viaje al rededor del mundo. (Escrito en inglés y traducido al francés. La edición francesa es de 1723, en Amsterdam). La relación de Rogers, según nuestro juicio, no es muy verídica, pues el autor ha desfigurado todo lo que podía deshonrar a los expedicionarios. De esta relación o diario de viaje hay un extracto en el Tomo 15.º de la Historia general de los viajes, citada en el capítulo anterior.
VELASCO, Historia del Reino de Quito. (Historia moderna. Libro tercero, párrafo quinto). Cuanto el padre Velasco refiere acerca de la invasión de 1709 es inexacto; no fue Cliperton el jefe de los aventureros, ni el tal Clerck era pirata.
ALSEDO (Don Dionisio), Compendio histórico de la provincia de Guayaquil, Capítulo 13.º. Equivoca la fecha, pues la fija en 1707, cuando fue en 1709; dice que el jefe de los expedicionarios fue Guillermo Dampier, y no fue Dampier sino Woodes Rogers; Dampier era el primer piloto de la expedición y no el jefe. Además, tampoco Woodes Rogers era el único jefe, pues había otros dos más, como lo hemos referido en el texto. Menos inexacto es Alsedo en las noticias que de esta expedición da en su Aviso histórico.
CEVALLOS (El señor doctor don Pedro Fermín), Resumen de la Historia del Ecuador. (Tomo segundo, capítulo segundo). Lástima es que el señor Cevallos, creyendo a ciegas lo que dice el padre Velasco, haya incurrido en los mismos errores que éste relativamente a Cliperton y a Clerck; en primer lugar no hubo en 1709 dos invasiones a Guayaquil, sino una sola, y ésa la de Rogers y sus compañeros; en segundo lugar, el tal Enrique Clerck de Velasco y de Alsedo ni fue pirata ni fue inglés ni fue Enrique.
En efecto, don Carlos Enríquez era un español, que vino en la expedición de Narborough en 1670 como intérprete, y que, hecho prisionero a traición en Valdivia, recibió la muerte en Lima en 1681. Véase a BARROS ARANA en su Historia general de Chile (Tomo quinto, Parte cuarta, capítulos 18 y 19), donde ha dilucidado con suma erudición este punto.
Finalmente, entre nuestra narración y la de Cevallos hay una discordancia notable en cuanto a fechas, pues Cevallos dice que los piratas llegaron a Guayaquil el 22 de abril de 1709, y nosotros escribimos que fue el 2 de mayo de aquel año; ¿cómo se explica esta diferencia? ¿Cuál de las dos fechas es la verdadera?... Cevallos no solía citar siempre las fuentes que lo servían para su narración; sin embargo, se conoce que tuvo a la vista indudablemente la traducción francesa del Viaje de Rogers; ahora bien, Rogers refiere que estuvieron en la ría de Guayaquil el 22 de abril, pero es porque en aquella época los ingleses usaban todavía el calendario juliano y no el gregoriano; el calendario gregoriano se adelanta diez días en el cómputo de las fechas al calendario juliano; de este modo, el 22 de abril en el viejo estilo corresponde al 2 de mayo en el estilo nuevo. Los ingleses adoptaron la reforma del calendario en 1752; los españoles la recibieron desde 1582.
Por lo que hace a la conducta del Corregidor, nuestra narración se apoya en documentas dignos de crédito, como son los que figuran en el expediente del juicio criminal que se le siguió por la entrada de los enemigos en Guayaquil. Expediente sobre los excesos cometidos por don Jerónimo Boza y Solís, corregidor de Guayaquil. 1712-1718. Autos seguidos contra don Jerónimo Boza y Solís por haber entregado la ciudad de Guayaquil a los corsarios ingleses. Están en la sección que, en el Archivo de Indias en Sevilla, se titula Escribanías de Cámara. De la lectura de estos documentos se deducen las inexactitudes de Rogers en su relación; no fue cierto que se apoderaron de la ciudad después de un combate, pues tanta incuria tuvo el Corregidor que ni siquiera hizo componer las armas, que estaban tomadas de orín; la víspera de la llegada de los piratas volvió a Guayaquil un mozo herrero y principió a reparar las armas. Los corsarios, así que desembarcaron, lo primero que hicieron fue hartarse de aguardiente y andar borrachos; si el Corregidor hubiera cumplido con su deber, no habría vuelto uno solo a sus chalupas. En la ciudad andaban en grupos de a cinco; en una hacienda un negro con una escopeta los puso en fuga. La ruindad de los corregidores fue, pues, la verdadera causa de las invasiones piráticas contra Guayaquil en tiempo de la colonia.
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Expediente sobre la renuncia que del obispado de Quito hizo don Diego Ladrón de Guevara. 1717. (Real Archivo de Indias en Sevilla). La renuncia fue elevada al Rey el año de 1712, y fue admitida por el Papa en 1717. Como el Obispo pidió que se le dieran diez mil pesos anuales de congrua, sacados de las rentas de la diócesis de Quito, no se dio curso a la renuncia; el Rey le ofreció que se le darían cuatro mil, y el Obispo no se conformó e indicó que más bien le pusieran auxiliar; como tampoco esta pretensión fuera aceptable, se le señalaron ocho mil pesos y se decretó que la renuncia fuese presentada al Papa. En estas gestiones transcurrieron cinco años.
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Cartas y expedientes del Presidente y de los oidores de la Audiencia de Quito. 1700-1718. Autos de la residencia tomada a don Juan de Sosaya. (Documentos del Real Archivo de Indias en Sevilla).
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Expediente dimanado de las controversias entre don Pedro de Zumárraga, arcediano de Quito, y el oidor don Juan Sánchez de Orellana. 1706-1721. (Documentos del Archivo de Indias en Sevilla). Este suceso acaeció el 4 de septiembre de 1717.
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Podemos presentar algunos datos acerca de los estragos que, en varias ocasiones, causaron las epidemias. En el año de 1587 hubo una peste general en toda la América del Sur; se presentó en Cartagena y cundió hasta en Chile; fue precedida de terremotos. En Quito y su comarca murieron, en el espacio de dos meses, más de cuatro mil personas adultas, pues, de los niños apenas escapó de cada ciento uno; cebose esta peste principalmente en los indios, y consistía en unas pústulas virulentas, de que se cubría todo el cuerpo, y en una hinchazón tan fuerte de garganta que muchos murieron ahogados, no pudiendo respirar. (Cartas annuas de los padres de la Compañía de Jesús; año de 1589. Provincia del Perú). Como es bien sabido, las Cartas annuas están escritas en latín; al hablar de Lima y su colegio, hacen una descripción prolija de los síntomas de la epidemia.
En 1645, hubo en Quito y en todos los pueblos de las provincias del centro hasta el Azuay otra epidemia, precedida también de terremotos; murieron entonces más de cinco mil personas en Quito, y fue calificada como alfombrilla y viruelas.
En 1693, se repitió la peste, asimismo de alfombrilla, sarampión y viruelas; en esta ocasión la epidemia fue precedida de grandes y prolongadas sequías. En cuanto al número de los muertos, no lo determinan las actas del Cabildo secular, en las cuales solamente se dice que murieron muchas personas. Existe, pues, indudablemente una correlación de causalidad entre varios de estos fenómenos físicos, y conviene hacerla notar, a fin de que la higiene pública excogite los arbitrios, de que puede valerse para hacer menos desastrosos estos flagelos; el terremoto sería físicamente imposible evitar, pero las sequías podrían precaverse con la plantación de árboles y mejor conservación de los bosques naturales, observada la marcha ordinaria de los vientos.
Los cálculos relativos a la población son muy inseguros, pues se hacían en general sin precauciones para encontrar el número exacto de habitantes. El padre Gonzalo de Lyra dice que el año de 1609, en Quito y en la actual provincia de Pichincha había doscientos mil indios. La carta annua del padre Lyra la cita el padre Rodríguez en su libro sobre las misiones del Marañón.
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Pidió la licencia del Rey para la fundación de este noviciado el padre Francisco Crespo, procurador de la provincia del Nuevo Reino de Granada, que entonces se llamaba también de Quito; era provincial el padre Floreán de Ayerve. Celebrose la escritura en la capilla de Nuestra Señora de Loreto; y el Provincial se comprometió a traer la licencia del Rey dentro de dos años, 23 de abril de 1622; el Consejo respondió que, para dar o negar la licencia, se pedirían informes, 20 de marzo de 1624. Después, los jesuitas pusieron su noviciado en la hacienda que tenían en el valle de Chillo; desde el principio de su fundación, lo abrieron en su mismo colegio de Quito; después, por largo tiempo, en toda la provincia no hubo más que una sola casa de noviciado, establecida en la ciudad de Tunja en la actual Colombia.
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El 27 de octubre de 1626, en el Escorial, expidió el rey don Felipe cuarto una cédula, por la cual prohibió que en el territorio de la Audiencia de Quito se fundaran nuevas casas o conventos de religiosos; son notables las palabras de la cédula. Dice así: Los religiosos de las Ordenes de Santo Domingo, de San Francisco, de San Agustín, de las Mercedes y, particularmente, los de la Compañía de Jesús de esas provincias, hacen continua instancia para que se les permita fundar en ellas nuevos conventos: y, de concederles licencia para ello, resultan grandes inconvenientes: éstos, demás del daño que reciben los vecinos y naturales de esa tierra, de cuyas haciendas, mediante sus trazas é inteligencias, se apoderan con mucha facilidad, con que también mis reales derechos se minoran, en todo lo que adquieren los dichos religiosos...
El que hablaba así era un rey católico, y ésta es una de las faces menos conocidas del gobierno español durante la colonia.
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En 1630, el mismo padre Francisco Crespo, procurador de la provincia del Nuevo Reino, solicitó del Real Consejo de Indias permiso para fundar residencias en Popayán, Ibarra, Latacunga y Cuenca; la de Ibarra se estaba pidiendo desde 1624. El Consejo sometió el asunto al examen del Fiscal, quien, el 3 de febrero de 1631, dio el informe siguiente: El Fiscal dice: que tiene inconveniente dar permiso para estas nuevas fundaciones, especialmente en lugares cortos, y estando pendiente el pleito de los diezmos, que se trata entre las iglesias de las Indias y las religiones, porque luego se hacen dueños de las mejores posesiones de los pueblos, á donde fundan, y de sus comarcas, y cargan á su Majestad con las limosnas de vino y aceite y dieta y medicinas y otras, que suelen pedir. El Consejo aprobó el dictamen del Fiscal, y negó la licencia pedida para las fundaciones.
Después del padre Crespo, fue nombrado como procurador en Madrid el padre Francisco Fuentes, el cual presentó en el Consejo dos informes; en el segundo, fechado en enero de 1632, procuró desvanecer los argumentos del Fiscal; he aquí los discursos del Padre: «El pleito sobre diezmos está pendiente: si se pronunciare sentencia de que los paguemos, nadie será más puntual que la Compañía en pagarlos. Si se sustanciare en nuestro favor, ya no debe obligársenos á pagarlos. Los diezmos se aumentarán, con las misiones que fundemos y los pueblos nuevos que reduzcamos: no causaremos gravamen a la caja real, porque tenemos ya haciendas propias, libres de diezmos, dadas por particulares, con el objeto de que fundemos las casas de residencia, para misiones de infieles: si temor hay de que nos enriqueceremos, y, si nuestras haciendas fueren estorbo para las misiones, las renunciaremos, las tomará por su cuenta el Rey, con tal que á nosotros nos dé lo puramente necesario: para mayor seguridad de que no buscamos riquezas, ofrecemos si fuere necesario, vivir exclusivamente de limosna, no edificar templos sino una iglesia pequeña, cubierta de paja, con una casa también estrecha y reducida en cada residencia; unos edificios de doscientos ó trescientos pesos, y esto para no vivir en casas de seglares». Tan sagaz, tan diestro informe fue acogido favorablemente por el Consejo, y, el 4 de febrero de 1633, renovó la licencia de fundar solamente dos casas de residencia en el distrito de la Audiencia de Quito. Era obispo el señor Oviedo y presidente el doctor Morga, y ambos apoyaron la petición de los jesuitas; también dieron informes favorables los prelados de los conventos de Quito.
Las casas debían ser meras residencias y no colegios; se permitió la fundación de ellas para favorecer la conversión de los infieles, que era el único objeto que alegaban proponerse los jesuitas. En su primer informe el padre Fuentes se expresaba así: «En las residencias se establecerán doce Padres: tres ó cuatro entrarán la tierra adentro, á las provincias habitadas por gentiles, que están á ciento, á doscientas y más leguas de distancia la tierra adentro: en el puesto quedarán los demás, trabajando, con un superior, que cuide de ellos en lo espiritual y temporal, y á sus tiempos llame á los unos, para que respiren y descansen del continuo trabajo, y envíe á otros de refresco, y algún socorro de bizcocho y otras cosas, para aliviar de cuando en cuando las comidas groseras y poco usadas de los bárbaros; y con esto el fruto sea más permanente y copioso».
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En 1619, pidieron algunos vecinos de Cuenca que se hiciera en su ciudad una fundación de jesuitas; pero no se verificó por los inconvenientes que se ofrecieron para ello; en 1638, hubo repetidas contradicciones, las cuales se apoyaban en el temor del pronto enriquecimiento de los padres. Don Sebastián Samaniego, uno de los regidores del Cabildo de Cuenca, discurría así: «Para darles permiso de fundar en Cuenca, deben comprometerse los jesuítas: primero, á no ocuparse en tratos y contratos; segundo, á no monopolizar el negocio de harinas y novillos, que la provincia del Azuay hacía con la de Guayaquil; tercero, á no poner tiendas de mercaderías; cuarto, á no comprar haciendas; y quinto, á vender a los vecinos de Cuenca las que los devotos les dejaran en testamento».
Los padres presentaban una cédula de 1602, por la cual se les permitía fundar casas en el territorio del Nuevo Reino de Granada; pero ni el Corregidor ni la Audiencia la aceptaron, porque la juzgaron de ningún valor para Cuenca, ciudad que entonces, como Quito, pertenecía al virreinato del Perú. Fue cosa notable que en Cuenca ningún fraile ni clérigo se opusiera a la fundación de la casa de los jesuitas; fray Diego Tinoco, guardián del convento de franciscanos, dijo: «Lo que abunda no daña».
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Por desgracia, algunas de las acusaciones de los frailes contra los jesuitas eran muy fundadas, como la de los obsequios y regalos al Presidente; he aquí acerca de esto un documento ineludible; es una carta del padre Juan Pablo de Oliva, general de la Compañía de Jesús, al superior de Quito, y dice así: Apruebo el orden, que puso el Padre Vivas, siendo Provincial, que cada año se lea en todas las casas y colegios de esa provincia la Bula de Clemente Octavo, de LARGITIONE MÚNERUM, como la reformó Urbano Octavo. Ordene de nuevo V. R. que se ejecute; y juzgo que es convenientísimo que todos tengan noticia de ella, para que se conserve mejor en su puridad la santa pobreza, y no se falte por ignorancia, como han faltado algunos, según he entendido, dando á parientes, y haciendo gastos excesivos, cuales fueron los que hicieron dos rectores de Quito, gastando, en agazajar y regalar en nuestras haciendas á un Presidente con toda su familia, más de cuatro ó cinco mil pesos, cosa que causa admiración y escándalo a quien atentamente lo considera. Dicen que ha muchos años que sucedió esto: el que entonces era Provincial debiera dar á los dos rectores una pública reprensión y muy grave penitencia... 30 de agosto de 1673. (Hállase una copia auténtica de esta carta en el Libro de las órdenes de los antiguos provinciales de la Compañía; es un manuscrito actualmente de nuestra propiedad). Desde el primero de enero de 1655 hasta el 31 de agosto de 1659, entraron en caja en el colegio de Quito 117.669 pesos 4 reales, según consta del Libro de cuentas del colegio, correspondiente a aquel año; parece, pues, que a mediados del siglo decimoséptimo sólo el colegio de Quito tenía de renta anualmente cerca de cuarenta mil pesos; del libro de cuentas se deduce también que las salidas estaban en proporción con las entradas. (Archivo de la antigua Real Audiencia, ahora de la Corte Suprema de Justicia. Libro de gastos del colegio de los jesuitas de Quito. 1650-1659).
La Bula de Clemente octavo, citada por los frailes, tiene la fecha del 23 de julio de 1603, el año duodécimo de su pontificado; la alegaron los frailes en su pleito con los jesuitas, pues por ella ordenaba el Papa que no se fundaran casas de mendicantes en un lugar, sino cuando se probara que la nueva fundación no perjudicaba a las ya existentes. Los religiosos sostenían que las residencias, y más los colegios de los jesuitas, eran ruinosos para sus conventos. «Donde quiera que entran los jesuitas -decían los frailes-, son como aceite, lo cunden todo, y los pueblos y sus bienes y haciendas son poco para solos ellos». Este pleito se inició en 1630; lo perdieron los frailes en la Audiencia de Quito, y apelaron al Consejo de Indias, y con varias peripecias e incidentes duró coma cuarenta años.
La primera representación de los canónigos es del 12 de julio de 1656; la segunda tiene la fecha del 30 de junio de 1657. El 18 de septiembre de 1653 se expidió una cédula, en la cual mandaba Felipe cuarto que fueran demolidas todas las casas de religiosos, fundadas en el territorio de la Audiencia de Quito sin expresa licencia del Rey.
El primer decreto de demolición de las casas de los jesuitas se pronunció en Quito el 19 de agosto de 1655; hubo apelación interpuesta por el procurador del colegio, que lo era el hermano Gil de Madrigal; el 15 de julio de 1656, el doctor don Andrés de Rocha, fiscal de la Audiencia de Quito, emitió un informe muy favorable a la conservación de las casas de los jesuitas. En ese mismo año, el 31 de agosto, expedía el Real Consejo de Indias una orden, en la que prevenía que las casas de los jesuitas fuesen demolidas, y también los conventos de frailes, que no tuvieran treinta años de existencia. Dos años enteros se ventiló de nuevo el asunto en Quito hasta que, el 22 de septiembre de 1659, se repitió la sentencia de demolición.
Las noticias expuestas en la narración y los testimonios aducidos en las notas, se hallan en las colecciones siguientes de documentos originales: Cartas y expedientes examinados en el Consejo de Indias (1626-1633), (1634-1676), (1677-1695). Audiencia de Quito. Eclesiástico. Papeles de Simancas. Cartas y expedientes del obispo de Quito vistos en el Consejo (1608-1691). Expedientes de la Compañía de Jesús para fundar dos colegios: uno en Pasto y otro en Riobamba (1656-1689). Documentos del Real Archivo de Indias en Sevilla.