La depuración de los científicos españoles entre 1936 y 1939. Un caso de estudio: Blas Cabrera Felipe

Francisco A. González Redondo

Miguel A. Villanueva Valdés

Universidad Complutense de Madrid

El 11 de noviembre de 1936, en el marco de confrontación fratricida por todos evocable, aparecía publicada¹ una Disposición del día 8, firmada por Francisco Franco Bahamonde en Salamanca, con un preámbulo que sirve de prólogo adecuado para el tema que estudiamos en este trabajo:

El hecho de que durante varias décadas el Magisterio en todos sus grados y cada vez con más raras excepciones haya estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes, en abierta oposición con el genio y tradición nacional, hace preciso que en los solemnes momentos porque atravesamos se lleve a cabo una revisión total y profunda en el personal de Instrucción Pública, trámite previo a una reorganización radical y definitiva de la Enseñanza, extirpando así de raíz esas falsas doctrinas que con sus apóstoles han sido los principales factores de la trágica situación a que fue llevada nuestra Patria.

Para proceder a estas «revisiones profundas» se creaban con carácter temporal las comisiones que debían realizar la depuración de cada uno de los estamentos docentes. La correspondiente al personal universitario² estaba compuesta por cinco miembros, tres de los cuales serían Catedráticos de Universidad, personas todas ellas «libremente elegidas» por el Presidente de la Junta Técnica del Estado³, Fidel Dávila Arrondo, a propuesta de la Comisión de Cultura y Enseñanza, presidida por José María Pemán Pemartín, entidad desde la que se darían las oportunas órdenes para el cumplimiento de lo decretado y se formularía el «plan de reorganización y estudios»⁴.

Ese mismo día 11 se publicaban también las «Reglas para aplicación del Decreto 8 de Noviembre actual», firmadas en Burgos el día 10 por Fidel Dávila y dirigida a José María Pemán. De acuerdo con dichas «Reglas», las diferentes comisiones constituidas para cada estamento particular podrían «reclamar de cuantas Autoridades, Centros y personas lo estimen conveniente, cuantos informes crean necesarios sobre la conducta profesional, social y particular, así como actuaciones políticas del personal cuyos antecedentes y actuación les corresponda investigar, con objeto de poder formar un concepto acabado y total de cada uno de los interesados», debían instruir e informar los expedientes en el plazo de un mes y la Comisión de Cultura y Enseñanza acordaría las sanciones que estimara procedentes. Mientras se iban realizando las depuraciones, continuaron dictándose nuevas disposiciones⁵.

Por Ley del 30 de enero de 1938 se constituyó el primer Gobierno presidido por el General Franco, organizándose la Administración del Estado en Departamento Ministeriales. El Ministerio de Educación Nacional se puso en manos de Pedro Sáinz Rodríguez, quien había sido anteriormente Delegado Nacional de Educación y Cultura de FET y de la JONS [ALTED, 1991, p. 97], y el 11 de marzo de 1938 se crea dentro del Ministerio una «Oficina Técnico-Administrativa» especial para coordinar las depuraciones.

A medida que el fin de la Guerra Civil se avizoraba próximo el proceso global de depuración se retomaba con especial intensidad, y con el punto de partida que imponía Franco, tal como transcribíamos arriba, parecía claro que el profesorado universitario iba a verse afectado profundamente. En efecto, una Orden del 28 de enero de 1939⁶, firmada en Vitoria por Sáinz Rodríguez, fijaba que todos los funcionarios (en general) que hasta ese momento no hubieran pedido su rehabilitación y/o no tuvieran su expediente resuelto deberían solicitar el reingreso en su puesto anterior al 18 de julio. En particular, en el Artículo 4º, se refería al mundo de la Universidad en los siguientes términos:

El Profesorado de la Universidad perteneciente a los Escalafones del Estado dirigirá sus solicitudes de reingreso al Presidente de la Comisión depuradora creada en el Artículo 1º del Decreto de 8 de Noviembre de 1936 y que actualmente tiene su domicilio en Zaragoza.

Otra Orden de 4 de febrero de 1939⁷, de la que se hizo amplio eco la prensa española, expulsaba de la Universidad a un apreciable número de catedráticos y profesores porque «han prestado servicios al gobierno republicano después del comienzo de la guerra y aún con fecha anterior han laborado contra el espíritu nacional y el prestigio español»⁸. Sin embargo, el proceso no había hecho más que comenzar⁹. La nueva Ley de 10 de febrero de 1939, en la que se establecían las «Normas para la depuración de funcionarios públicos», recogía las intenciones del régimen victorioso:

Es deseo del Gobierno llevar a cabo esta depuración con la máxima rapidez y dentro de normas flexibles que permitan reintegrarse rápidamente a sus puestos a aquellos funcionarios que lo merecen por sus antecedentes y conducta, y, al mismo tiempo, imponer sanciones adecuadas, según los casos, a los que incumpliendo sus deberes, contribuyeron a la subversión y prestaron asistencia no excusable a quienes por la violencia se apoderaron, fuera de toda norma legal, de los puestos de mando de la Administración.

Todos los funcionarios debían presentar ante la Jefatura Provincial del Cuerpo al que pertenecieran, o ante el correspondiente Ministerio una declaración jurada en la que se especificasen los siguientes datos:

1. Nombre y apellidos del interesado.
2. Cuerpo o Servicio a que pertenezca.
3. Categoría administrativa.
4. Situación en que se encontrare y destino que desempeñare el día 18 de julio de 1936.
5. Si prestó adhesión al Movimiento Nacional y en qué fecha y forma lo efectuó.
6. Si prestó su adhesión al Gobierno marxista, a alguno de los autónomos que de él dependían, o a las Autoridades rojas, con posterioridad al 18 de Julio, en qué fecha y en qué circunstancias, especificando si lo hizo en forma espontánea o en virtud de alguna coacción.
7. Servicios prestados desde el 18 de Julio de 1936, indicando especialmente los destinos, tanto en su Cuerpo o servicio, como en otros, y los ascensos que hubiera obtenido, especificando los que lo hubieren sido por rigurosa antigüedad.
8. Servicios prestados a favor del Movimiento Nacional.
9. Sueldos, haberes, o cualquier otra clase de emolumentos, percibidos desde la iniciación del Movimiento y concepto por el que se le acreditaron.
10. Partidos políticos y entidades sindicales a que ha estado afiliado, indicando la fecha de la afiliación y, en su caso, del cese; cotizaciones voluntarias o forzosas a favor de partidos, entidades sindicales, o Gobierno, que haya realizado, incluyendo en ellas las hechas a favor del Socorro Rojo Internacional, Amigos de Rusia y entidades análogas, aunque no tuvieren carácter de partido político.
11. Si pertenece o ha pertenecido a la Masonería, grado que en ella hubiere alcanzado y cargos que hubiere ejercido; y
12. Testigos que puedan corroborar la veracidad de sus afirmaciones y documentos de prueba que pueda presentar o señalar.

Se pretendía tanto reintegrar pronto a los más adeptos al régimen, con los que comenzaban su labor los instructores, como que éstos pudieran servir de testigos (y acusación) en las investigaciones posteriores de los «depurables». Y, como parece obvio, todos los funcionarios se vieron involucrados: unos, acusadores; otros, acusados; el resto, implicados. Nadie quedó a salvo; ninguno pudo permanecer neutral. Además de la declaración jurada personal, se veían obligados a realizar otras declaraciones complementarias incriminatorias del personal de su entorno sobre los que había certeza, sospecha, deseo o, simplemente, decisión de que se les pudiera aplicar cualquiera de los cargos mencionados.

Para el personal dependiente del Ministerio de Educación Nacional se determinaba en las «Disposiciones adicionales» que la depuración se realizaría «con arreglo a normas especiales que al efecto se dicten, teniendo en cuenta las concretas promulgadas desde un principio para realizar la citada depuración y la peculiaridad de la misión docente». En consecuencia, el 18 de marzo de 1939 firma Sáinz Rodríguez una nueva Orden específica para el personal de su Ministerio, creando la Comisión Superior Dictaminadora de los expedientes de depuración. Toma como punto de partida el mantenimiento tanto de todas las sanciones impuestas hasta ese momento como la composición y funcionamiento de las Comisiones depuradoras del personal de Enseñanzas Primaria y Media. Sin embargo, «dado su reducido número», para proceder contra el personal de las Universidades y las Escuelas Especiales (por ejemplo, de Ingenieros) el Ministerio designará Jueces Instructores propios, coordinado por la Jefatura del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media a través de los diferentes Rectorados.

Tras el fin de la Guerra, cuando el Régimen inicia su reorganización a medida que se van definiendo los ámbitos de poder de los diferentes sectores del bando victorioso, las riendas del Ministerio de Educación van a cambiar de manos. El 29 de abril de 1939 cesa por Decreto el monárquico Sáinz Rodríguez, haciéndose cargo interinamente de la Cartera el Ministro de Justicia, Tomás Domínguez Arévalo, Conde de Rodezno. En todo caso, quien quedó a cargo del Ministerio fue el entonces Subsecretario, Alfonso García-Valdecasas, hasta que el 10 de agosto de 1939 tomó posesión el nuevo Gobierno, recayendo en José Ibáñez Martín la Educación Nacional. En estos meses de transición, y mientras se articulaba la inevitable reforma universitaria¹⁰ , las actividades en el Ministerio se centraron en la intensificación del proceso de depuración.

En la relación que acompañaba a la Orden del 4 de febrero de 1939 aparecía, entre otros, el Catedrático de Electricidad y Magnetismo de la Universidad Central de Madrid Blas Cabrera Felipe, quien se encontraba en París desde octubre de 1936. La situación era especialmente grave puesto que, además, en el Artículo 13 de la Ley posterior del 10 del mismo mes se explicitaba que los funcionarios públicos que se hallasen en el extranjero o en territorio todavía no «liberado», y se considerara, por ejemplo, que «pudiendo haber colaborado al triunfo del Movimiento Nacional, no lo habían hecho», podrían ser separados del servicio por acuerdo del Ministro respectivo, sin necesidad de que se tramitase un expediente especial ni que se concediera audiencia a los interesados. Aun así, en las «Disposiciones finales» se abría una pequeña posibilidad de maniobra, dado que en ellas se recogía que aquellas sanciones que hubieran sido impuestas a funcionarios públicos con anterioridad a la promulgación de esta Ley, podrían ser revisadas por la Administración.

De nuevo, la Orden del 18 de marzo para funcionarios docentes, contemplaba como cargos concretos que conllevarían sanción, entre otros: a) la pasividad evidente de quienes pudiendo haber cooperado al triunfo del Movimiento Nacional, no lo hubieren hecho; y b) las acciones u omisiones que, sin estar comprendidas expresamente en los apartados anteriores, implicaran una significación antipatriótica y contraria al Movimiento Nacional. Sin embargo, también consideraba que la aportación de nuevos elementos de juicio podría llevar a la apertura de algún expediente para la revisión de los fallos sancionadores, para lo que se debía obtener un informe del Director General de Enseñanza Universitaria.

Estas noticias le llegaron a Cabrera a París por medio de una carta (que incluía un recorte de periódico con noticias sobre el tema) enviada por su hermano Juan, también Catedrático de Física -en la Universidad de Zaragoza- e inmerso él mismo en otro doloroso proceso de depuración¹¹. Teniendo en cuenta las Leyes del 10 de febrero y 18 de marzo, a D. Blas, depurado y sancionado, sólo le quedaba iniciar las gestiones para que se concediera la apertura de la revisión y, en su caso, se suspendieran las causas.

Así, el 11 de abril de 1939, después de mantener diferentes contactos verbales en París con el Embajador de España, José F. Lequerica, el físico canario envía a éste una carta (acompañada de un escrito en el que describe su actuación al frente de la Universidad Internacional de Verano en Santander tras la sublevación militar) en la cual solicita la anulación de la disposición sancionadora. El 14 de ese mes remite Lequerica al Ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Gómez Jordana, copias de los mencionados escritos, y este último los envía al Ministro Sáinz Rodríguez.

Estos documentos, localizados en el «Expediente de Depuración» de Cabrera¹², completados con otros escritos inéditos y diferentes referencias bibliográficas, no sólo permiten realizar una aproximación documentada a ese período tan complejo y doloroso para Cabrera correspondiente a los años de la Guerra Civil española y las circunstancias consecuenciales, sino que también aportan una confesión de sus propias concepciones.

La mencionada carta de Cabrera al Embajador que se reproduce a continuación constituye una descripción autobiográfica de su personalidad y trayectoria profesional¹³. De ella destacamos -en cursivas- algunas frases especialmente significativas:

París, 11 de Abril de 1939. Excmo. Sr. D. J. F. Lequerica, Embajador de España. Mi respetado y querido amigo: Esta carta recuerda a Vd. cuanto le dije ayer sobre la impresión que en mí produjo la disposición que me ha expulsado del profesorado sin que acierte a comprender los motivos que la han provocado, quizá porque hasta mí sólo ha llegado un suelto de periódico en el que se dice de modo general que las personas que figuran en la relación han prestado servicios al gobierno republicano después del comienzo de la guerra y aun con fecha anterior han laborado contra el espíritu nacional y el prestigio español. Descartada toda actuación política en mi vida entera, y desde luego durante los últimos años en que he permanecido en París siguiendo con mi actividad estrictamente científica, había de buscar explicación en los últimos motivos y es el caso que todo mi trabajo ha tenido como animador el deseo permanente de mejorar la posición de España en el mundo científico. Naturalmente no es mi juicio quien haya de valorar el resultado de mi labor, pero debo confesarle que las constantes muestras de estimación que recibo de los colegas extranjeros habían llegado a convencerme de que mis esfuerzos no han sido completamente en vano, y es con esta convicción con la que choca violentamente la referida interpretación que parece darse a mi actuación. Acaso sean otros los motivos que inútilmente [...]14 pero ¿cuáles? Al comienzo de la guerra civil era yo Rector de la Universidad Internacional de Santander y en todo el tiempo que duró el curso de 1936 no creo haber cometido ningún acto merecedor de un castigo, mucho menos importante del que se me ha aplicado. En nota aparte le reflejo a V. fielmente el recuerdo que tengo de mi actuación.

En la segunda parte de la carta al Embajador describe sintéticamente D. Blas sus actividades en París desde octubre de 1936¹⁵ , al mismo tiempo que continúa «confesando» el que denominamos su «compromiso humano y actitud vital».

Terminado aquel corto período [tras la vuelta a Madrid desde Santander] vine a París con motivo de una reunión del Comité Internacional de Pesas y Medidas, del que soy Secretario, y aquí he quedado, desde principios de octubre de 1936, totalmente alejado de nuestras luchas civiles, primero porque como ya digo antes, es el principio director de mi vida, y segundo, porque temía crear dificultades a personas muy allegadas de mi familia que intervenían en las dos Españas. Este absoluto aislamiento hizo que no aceptase volver a Madrid ni a Valencia desoyendo repetidos llamamientos por lo cual fui declarado incurso en abandono de destino con la sanción correspondiente aplicada por aquel gobierno hacia comienzos de 193716. Naturalmente desearía sinceramente la anulación de la disposición aludida, pero siempre conocer los motivos concretos en que se funda para poder replicar a ellos. Sin más por hoy se reitera suyo affmo. a. q. s. m. B. Cabrera.

En la «Nota» que acompaña a la carta al Embajador Lequerica, que también transcribimos a continuación, describe Cabrera su versión de los avatares durante el último curso de la Universidad Internacional de Verano¹⁷. Se trata de unos hechos a los que ya se han referido otros protagonistas directos de lo acontecido [HERRERA, 1967; PÉREZ-VITORIA, 1989; CHUECA, 1996]¹⁸, pero aquí lo conoceremos en detalle y de primera mano por el propio Rector¹⁹.

Comencemos leyendo sus palabras hasta el momento en el que describe sintéticamente los sucesos que constituirán la justificación para su depuración y sanción:

Mi gestión al frente de la Universidad Internacional de Santander desde el 18 de Julio20 de 1936 hasta su total disolución en Madrid el 13 de Septiembre del mismo año. En el curso de 1936 fui designado por el Patronato de la Universidad Internacional de Santander, que presidía Don Ramón Menéndez Pidal, como Rector de ella, cargo que ya había ocupado los dos años anteriores, 1934 y 1935. En ella se desarrolló la vida sin graves incidentes hasta el final de su vida normal, 4 de Septiembre, aunque dicho período fue una constante preocupación para mí y cuantos orientaban su vida. Naturalmente, en el centenar de estudiantes, que comprendía alumnos universitarios, maestros, inspectores de 1ª enseñanza y profesores normales y de enseñanza secundaria, había representación de todas las ideas políticas, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, con todas las vehemencias y espontaneidades propias de la juventud. Sin embargo, entre ellos no hubo en ningún momento, que yo recuerde, incidentes serios, pero las pocas exhibiciones de cada uno eran cuidadosamente recogidas y registradas por los camareros y camareras, pertenecientes a las asociaciones obreras de Santander. Las advertencias y amonestaciones que el profesorado y los estudiantes más cuerdos hacían, dándose cuenta de los peligros que ofrecía una exhibición permanente de opiniones políticas opuestas al régimen imperante, no tuvieron siempre éxito. El pequeño claustro que regía la Universidad tuvo serios temores y llegó hasta repartirse la vigilancia nocturna de la casa para evitar episodios desagradables, sobre todo desde que se percató de la existencia de patrullas de vigilancia un tanto espontáneas que recorrían por la noche la Península de La Magdalena para descubrir imaginarios focos de espionaje. El peligro era evidente y dirigí todos mis esfuerzos a lograr que las autoridades suprimiesen las indicadas patrullas, descansando en los cuidados del profesorado de la casa. Pronto logramos nuestro objeto y recibimos la seguridad de que la Universidad sería respetada. Y lo fue hasta tal punto que al cerrarse el Colegio Cántabro21 varios de sus profesores nos pidieron ser recogidos en la Universidad, por considerársela como el lugar más seguro de Santander. Fueron recibidos y con nosotros salieron de Santander. Pero llegó el final del curso, el día 4 de Septiembre22, y a la media hora de concluirse la conferencia de despedida que según costumbre di como Rector, vinieron a detener a cinco de los estudiantes que se habían señalado en sus juicios contrarios a la política imperante23. Cuantas gestiones realicé cerca del Gobernador y ante un tribunal constituido para conocer las reclamaciones por detenciones injustificadas fueron inútiles. Los cinco fueron conducidos a la cárcel hasta que fueran vistas sus causas, no antes de quince días o un mes. El plazo era muy largo para esperar, corriendo el riesgo de que aumentase el número de los detenidos y tuvimos que decidir el viaje, limitando nuestra gestión a una recomendación con los caracteres del máximo interés, al propio tiempo que encargamos a los estudiantes que allí quedaban voluntariamente, según luego diremos, que los atendiesen todo lo posible. El final de aquellos muchachos fue bien triste, como tantas otras víctimas inocentes cuyo recuerdo congoja. Algún tiempo más tarde fueron trasladados a un barco prisión fondeado en la bahía y varios meses más tarde fueron matados con todos los que estaban allí encerrados.

Efectivamente, aunque todos los profesores sin excepción visitaron a los detenidos y cada uno en la medida de sus posibilidades realizó cuantas gestiones pudo para su liberación, resultó infructuoso. Fueron encarcelados en un barco-prisión fondeado en la bahía, el «Alfonso Pérez». Unos meses después, el 27 de diciembre de 1936, tras un bombardeo de la aviación nacional que ocasionó más de cincuenta muertos, la enardecida población santanderina se vengó en un centenar y medio de detenidos del barco, entre los que se encontraban los estudiantes [SAIZ VIADERO, 1988, vol. 9, p. 62].

Continuaba Cabrera relatando lo acontecido:

Volviendo a la historia de la Universidad, al aproximarse la terminación del curso en los últimos días del mes de Agosto, plantee al Ministro de Instrucción Pública [Francisco J. Barnés Salinas] el problema de su disolución, proponiendo las tres únicas soluciones que entendía posibles: continuar con la Universidad abierta, claro que suministrando los créditos indispensables para la vida del centenar o algo más de alumnos que la componían; disolver en igual forma que todos los años dejando a cada cual que resolviese su problema personal; y emprender un viaje colectivo de retorno a Madrid a través del sur de Francia, claro que de dicho viaje quedaban excluidos cuantos tuviesen un motivo justificado para quedarse (habitar en un lugar próximo, tener familia con quien quedarse, etc.). El Gobierno aceptó esta última solución imponiendo la condición de que todos los que saliesen en el viaje corporativo deberían regresar a España, entrando por Cataluña. Con ella se concedió un pasaporte colectivo que comprendió a cuantas personas yo señalé como conformes con la condición predicha, naturalmente bajo mi responsabilidad. Así emprendimos el viaje saliendo de Santander el propio día en que fue ocupado Irún, cosa que no supimos sino durante el trayecto y ya muy cerca de San Sebastián cuando era imposible todo cambio de itinerario. El Embajador de Francia me propuso pasarnos a todos en dos días con el barco de guerra de que disponía, ofrecimiento que yo acepté, y gracias a él llegamos a San Juan de Luz. En los dos o tres días que invirtió la preparación del viaje a través de Francia recibí la visita de uno de los profesores procedentes del Colegio Cántabro, en su propio nombre y en el de un grupo de estudiantes solicitando que se les autorizase a separarse de la Universidad. Contesté que yo no podía hacerlo sin contraer una responsabilidad directa por las condiciones del pasaporte, pero que sabía que esta autorización mía no era necesaria, puesto que tampoco yo podía obligar a nadie a seguirme. Ellos mismos habían presentado al Subprefecto una denuncia atribuyéndome el intento de obligarles a partir, y esta autoridad francesa, con perfecto derecho, ordenó que sólo tomasen el tren para Port Bou quienes declarasen bajo su firma que lo hacían voluntariamente. Automáticamente quedaron separados de la expedición una cuarentena de estudiantes y profesores de los cuales no he vuelto a tener noticias. También me pidieron que se les diese dinero, pero esto no dependía de mí sino de la Administración en la cual no tenía intervención oficial y cuyos gestores entendían que no podían acceder a tal deseo. La única precaución que tomé para cubrir mi responsabilidad personal por la separación de la tercera o cuarta parte de las personas que figuraban en el pasaporte colectivo fue pedir al Cónsul de Bayona una certificación de los hechos ocurridos y el perfecto derecho de los que se separaban, certificación que se unió al pasaporte como explicación de la reducción del número efectivo de los que viajaban bajo mi salvaguardia. Se continuó el viaje hasta Madrid, donde hice entrega de la Universidad liquidando mi intervención.

Con la llegada a Madrid el 13 de septiembre de 1936 terminaba el periplo iniciado en Santander el mismo día 4 en que se clausuraba la Universidad, que les llevó de San Sebastián a San Juan de Luz durante la noche del 5, y de allí a través de Toulouse y Port Bou a Barcelona, donde llegaron el día 11, para terminar el viaje en la capital tras pasar por Valencia.

Los intentos de Cabrera, sus escritos y explicaciones, serán inútiles. La documentación enviada desde París por Lequerica pasa del Ministerio de Educación Nacional a la Sección de Expansión Cultural para el Extranjero, quien, a su vez, lo remite (con el encabezamiento «Asunto: Petición de D. Blas Cabrera») al Jefe del Servicio Nacional de Enseñanza Superior y Media, en Vitoria, el 29 de abril de 1936, casualmente, el día en que se produce el cese del Ministro Sáinz Rodríguez.

Ilmo. Sr: El Sr. Ministro de Asuntos Exteriores, con fecha 19 del actual dice al de este Departamento lo siguiente: «Por Despacho número 123, de fecha 14 de los corrientes, el Señor Embajador en París dice a este Departamento lo que sigue: El que fue Profesor de la Universidad de Madrid, Don Blas Cabrera, me ha visitado varias veces y últimamente me hizo entrega de la carta y nota que elevo al superior conocimiento de V. E. por si estima de interés prestarle su atención y resolver en uno u otro sentido». Lo que de Orden comunicada del Sr. Ministro de Educación Nacional traslado a V.I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V.I. muchos años.

La respuesta de éste del 15 de mayo de 1939 es clara, concisa y rotunda: «fue separado definitivamente de su Cátedra y dado de baja en el escalafón, por Orden de 4 de febrero último, y que estima improcedente modificar la situación creada por la misma».

Sin embargo, dos cuestiones quedaban oscuras. Por un lado, en ningún momento se explicitaban las razones -si las hubiera habido- por las que se consideraba que D. Blas había «laborado contra el espíritu nacional y el prestigio español». Por otro, sorprendía que el núcleo de la declaración de Cabrera fuera su actuación al frente de la Universidad Internacional, es decir, que el científico canario sospechara (o, incluso, tuviera la certeza) que eran esos precisamente los hechos que le «condenaban». Ambas cuestiones merecían profundizar el estudio.

Y es que en España el proceso global no había hecho más que comenzar en los primeros meses de 1939. El esfuerzo descomunal de tres décadas que había situado la Ciencia española a niveles próximos a los europeos se vio brutalmente interrumpido por la locura colectiva consiguiente a la Guerra Civil. Muchos años costará recomponer la situación. Estos hechos, determinantes en nuestra historia científica del siglo XX, merecen ser investigados y conocidos... aunque el estudio se haga con extremada prudencia, pues todo el estamento docente participó en las depuraciones; como acusadores o como acusados todos se vieron implicados. Nadie pudo quedar al margen.

Parecía oportuno, en consecuencia, recurrir a otras fuentes indirectas buscando nuevas claves. En concreto, optamos por estudiar los expedientes de depuración del resto de profesores de la Facultad de Ciencias, sobre todo los que permanecieron en España. Hemos analizado tanto sus declaraciones juradas, sujetas todas ellas a los puntos «a)» a «l)» de la Ley de 10 de febrero de 1939 expuestos arriba, como otras declaraciones complementarias incriminatorias de sus compañeros; y hemos decidido no hacer mención a los firmantes concretos, pues las circunstancias en las que se rubricaron los documentos (presiones, amenazas, etc.) nos son desconocidas. En cualquier caso, pueden observarse varias coincidencias formales en las más relevantes para nuestro estudio, aquellas en las que se imputan cargos punibles a otras personas: por un lado, todas fueron escritas en el mismo período (verano de 1939), con la misma máquina (no son autógrafas; de hecho, solamente las respectivas firmas lo son), en el mismo tipo de folio y con las mismas impresiones al margen y análogas tachaduras; por otro, las personas acusadas y los cargos imputados se parecen demasiado. Cabe sospechar que fueron concebidas y redactadas por el propio Juzgado Instructor y firmadas, coaccionados -al menos, en algunos casos-, por los diferentes profesores.

Va a ser suficiente, por tanto, reproducir los breves párrafos dedicados a Blas Cabrera en cualquiera de ellas para concluir que el físico canario no estaba de ninguna manera descaminado: las declaraciones muestran claramente la acusación condenatoria. En una de las primeras, del 18 de agosto²⁴, después de dedicar breves acusaciones (en general, ser «de izquierdas») a personajes como Barinaga, Catalán, del Campo, Duperier, Lorente de No o Martínez Risco, el colega y compañero en la Facultad se extiende un poco más con el insigne lanzaroteño: «Blas Cabrera además de ser izquierdista no defendió a cinco muchachos de la Universidad de verano de Santander que fueron asesinados»²⁵.

Efectivamente, como muy bien había sospechado Cabrera, aquélla iba a ser la excusa que utilizaran sus enemigos para cerrarle las puertas de su patria y condenarle al exilio. Si recurrimos a cualquiera de las restantes declaraciones posteriores observamos cómo se insiste en la cuestión. Por ejemplo, en una de las de 21 de agosto²⁶, se dice ya únicamente: «Blas Cabrera de izquierdas, no defendió a los alumnos en Santander». La acusación estaba lo suficientemente clara como para que una frase tan telegráfica -y, de otra manera, incomprensible- resultase perfectamente clara en el contexto global del conjunto de declaraciones, en las que, además de los anteriormente mencionados, también se van incluyendo otros científicos como Carrasco Garrorena o Pérez-Vitoria.

Pero si a uno condenaba, a otros los podía salvar: fue tal la relevancia que se dio a los sucesos de La Magdalena, que incluso para conseguir su exculpación algunos depurados solicitaron informes en los que se hicieran constar sus intentos de intercesión por los cinco estudiantes a modo de aval ante los tribunales; y ya vimos anteriormente que la legislación que regía las depuraciones exigía escritos de testigos que pudieran corroborar la veracidad de las afirmaciones realizadas. Así, el 8 de julio de 1939 Francisco Hernández Pacheco (geólogo como su padre, Eduardo Hernández Pacheco²⁷, Catedrático en la Universidad Central que había participado como profesor en la Universidad Internacional) escribía desde el Museo de Ciencias Naturales de Madrid a Enrique Sánchez Reyes, Director de la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander:

Mi distinguido y buen amigo: Aprovechando que el Sr. D. Luis Alaejos va a esa y ha de regresar a Madrid dentro de pocos días, le pido a V. Un favor, si en ello no ve V. Inconveniente alguno. Para poder informar a los familiares de los alumnos asesinados en esa por los rojos, desearía que me enviase V. un escrito en que muy brevemente se relatase la vida que yo hice en Santander y relaciones que tuve con el grupo que nos reuníamos en la biblioteca, así como la actuación que en unión de D. Luis de Hoyos tuve para intentar de salvar28 a los muchachos, para lo cual los visité numerosas veces en la cárcel, consolándolos y auxiliándolos materialmente cuanto pude. Quedándole muy agradecido, se ofrece a V. en el cargo de Secretario de este Centro suyo buen amigo. Fdo. Francisco Hernández Pacheco.

Depurado Blas Cabrera, revisado su expediente y confirmada su sanción, años más tarde, el 30 de marzo de 1946, la Universidad Central de Madrid «resumía» los años finales del que había sido su Catedrático desde abril de 1905 y Rector del 1 de marzo de 1930 al 24 de marzo de 1931 (en las difíciles circunstancias de un período comprendido entre la caída de la Dictadura de Primo de Rivera y el advenimiento de la República²⁹), mediante certificación oficial del Secretario de la que entresacamos algunos párrafos³⁰:

Certifico: que de los antecedentes que obra en esta Secretaría general de mi cargo, en el expediente personal del interesado resulta que Don Blas Cabrera y Felipe fue nombrado, en virtud de oposición, y por Real Orden de dos de marzo de mil novecientos cinco, catedrático numerario de la Facultad de Ciencias de esta Universidad A partir de la última mencionada fecha [1 de enero de 1933], hay constancia en este Centro de que el Sr. Cabrera y Felipe seguía desempeñando el cargo de Catedrático de esta Universidad en diez y ocho de Julio de mil novecientos treinta y seis, en que dio comienzo el Glorioso Movimiento Nacional, sin que con posterioridad a la fecha mencionada se conozca la actuación del interesado por no haberse presentado después de la Liberación. Y para que conste y a petición de parte interesada31, expido la presente certificación autorizada con el Visto Bueno del Magfco. y Excmo. Sr. Rector de esta Universidad y el sello de la misma.

No pudo Cabrera volver a su patria. Sus enemigos no le perdonaron. Aunque había salido de España nada más comenzar la Guerra para no implicarse con ninguno de los dos bandos, los sucesos de la Universidad Internacional de Verano en la Península de La Magdalena de Santander serían la justificación. Para algunos resultaba necesario eliminar al que había sido el «padre» y guía -al menos- de la Física española en el primer tercio del siglo. A la depuración como catedrático seguirá su expulsión del Instituto Nacional de Física y Química, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid (de la que incluso era Presidente), de la Real Academia de La Lengua, etc.

Falleció el 1 de agosto de 1945 en México D.F., a donde había tenido que exiliarse en 1941 tras las presiones del Ministro Plenipotenciario de España para que abandonase su puesto como Secretario del Comité Internacional de Pesas y Medidas en el París ocupado por los alemanes³².

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